El alza de los precios por la inflación que se ha producido en los últimos tiempos ha llevado a las entidades bancarias a aumentar los requisitos para optar a créditos hipotecarios, así como las tasas. Esto ha generado en algunas personas la situación de haber firmado una promesa de compraventa aceptando unas condiciones que actualmente tienen mayor costo en términos de que el valor pactado ya no es realmente tan accesible. ¿Qué pasa si no se cumple la promesa de compraventa y qué se puede hacer para resolver esta situación?
La promesa de compraventa y sus obligaciones
En toda compra de una vivienda, ya sea para inversión inmobiliaria o para uso particular, uno de los trámites iniciales es la formalización de la adquisición de la propiedad mediante una promesa de compraventa. Con la firma de este documento, ambas partes se obligan a culminar la operación pactada, y se suelen fijar una serie de penalidades en caso de no llevarse a cabo.
Las penas por no cumplir la promesa pueden suponer multas de 10 a 20% del costo de la propiedad.
El problema es que en la situación actual algunos inversionistas se encuentran ante la duda de si podrán afrontar las obligaciones contraídas. Frecuentemente la penalización para el comprador que no puede cumplir la promesa es del pago de entre el 10% y el 20% de valor total de la propiedad.
¿Qué opciones existen para resolver la situación?
Por parte de las inmobiliarias, hay que tener en cuenta que éstas no tienen la obligación de llegar a un acuerdo con el comprador si se da la situación de que no pueda cumplir con la promesa de compraventa. De hecho, tal como afirmaba recientemente Pablo Seaman según Duplos.cl, "la inmobiliaria podría no devolver el monto del pie e inclusive demandar a la persona que prometió comprar y no lo hizo".
Las inmobiliarias no tienen la obligación de llegar a un acuerdo con el comprador si se da la situación de que no pueda cumplir con la promesa de compraventa.
Algunos inversionistas que se encuentran actualmente en este contexto, deciden recurrir a la vía judicial para resolverlo. De esta forma, se puede alegar que es la situación actual la que ha provocado la incapacidad del obligado de cumplir los acuerdos. Si bien es cierto que en esta opción se podría evitar la multa en caso de sentencia favorable, también es verdad que los costos de la abogacía y el riesgo de que el juicio no dé el resultado esperado suponen un riesgo económico para el afectado.
Otra solución que adoptan algunos afectados consiste en la cesión de la propiedad a otra persona, quedando así anulada la compraventa anterior, y logrando de esta forma una salida a la situación.
Es posible recurrir a la cesión de la propiedad para resolver este problema y acabar con la deuda pendiente.
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